Por Adrián Freijo
La demora inentendible en la designación de al menos dos jueces de faltas para cubrir las vacantes existentes deviene de pequeñas rencillas políticas que terminan afectando al ciudadano.
General Pueyrredón tiene tres juzgados de faltas, lo que ya es insuficiente a la luz de la alta conflictividad existente. No solo por las infracciones de tránsito -sin dudas las que aportan mayor cantidad de temas a resolver- sino por las multas comerciales, la proliferación de basurales y microbasurales, las denuncias entre vecinos, los ruidos molestos, las intervenciones de Obras Privadas por violaciones a las reglas de construcción y las reiteradas clausuras de establecimientos de todo tipo por faltas administrativas o de funcionamiento.
Son miles de expedientes que se acumulan cotidianamente y otros tantos contribuyentes que deben esperar durante horas, en un ambiente de marcada incomodidad para ello y para los trabajadores de la repartición, para ser atendidos en forma express por los dos únicos jueces que hoy se encuentran en actividad. En un edificio cuyos ascensores no funcionen, los baños suelen estar fuera de servicio y las áreas de espera de los causantes es a todas luces insuficientes.
Y es que al retiro por jubilación de las Dras. Ana Maria Castelao y Carmen Susana Maffioni se suma ahora la licencia por enfermedad del histórico José Luis Oteiza cuya reincorporación no tiene por ahora fecha cierta. Eso hace que los jueces Pedro López Martucci y Fernando Mumare deban hacerse cargo de las causas de los cinco juzgados, más allá de la forzada designación realizada por el intendente Arroyo de Héctor Peláez, Director de Dictámenes de la comuna, y Gustavo Gil de Muro como instructores de los jueces subrogantes de los Juzgados 2 y 5. Justamente Gil de Muro es, junto con el abogado Andrés Barbieri, uno de los nombres elevados por el jefe comunal para cubrir las vacantes producidas.
Pero semejante nivel de precariedad e improvisación no parece ser causa suficiente para que los ediles se aboquen al tratamiento de ambos pliegos, y la creación de un sexto juzgado dispuesta por el intendente hace ya más de un año, mientras la gente sigue padeciendo de una situación que mucho se parece a la falta de administración de justicia.
No importa el esfuerzo de los jueces en actividad -que es mucho y por cierto digno de encomio- para disimular un verdadero bochorno administrativo que en este caso no puede imputarse al cuestionado jefe comunal. Pequeñas especulaciones políticas, la inocultable intención de perjudicar a la administración central en el contexto de una relación públicamente conflictiva y la intención de esperar un cambio de conducción en el municipio para imponer «gente del palo» en esos cargos suponen un cóctel de irresponsabilidad y falta de compromiso social que lamentablemente no suele estar ajeno a la vida institucional lugareña.
Es del lord mayor la potestad de elevar los nombres de los postulantes y es obligación del deliberativo tratarlos y, de no existir impedimentos de forma o de fondo para que así sea, aprobarlos y garantizar el buen funcionamiento de un área tan sensible para la ciudadanía y que por añadidura supone uno de los medios recaudatorios más importantes en un municipio que no puede darse el lujo de desatender esta cuestión.
Sería importante que el HCD, siempre con tiempo disponible para homenajes, distinciones, kilométricos debates y ahora dedicado con intensidad a la campaña política se reservase un momento para poner fin a este tema y responder a las necesidades y demandas de aquellos a los que luego irán a pedirle su voto y que por añadidura son los aportantes de los fondos necesarios para sostenerlo.
Ya están los nombres, son los de dos reconocidos profesionales marplatenses, y también los pasos administrativos exigidos para que sean designados. Todo lo demás es cuestión de tiempo y de responsabilidad política.
Algo que esperamos esté en la mira de nuestros representantes…